{"id":50669,"date":"2025-02-17T13:20:35","date_gmt":"2025-02-17T13:20:35","guid":{"rendered":"https:\/\/enfoquenoticioso.com\/tecnologia\/laliga-sigue-empenada-en-bloquear-ips-no-esta-nada-claro-que-pueda-hacerlo-legalmente\/"},"modified":"2025-02-17T13:20:35","modified_gmt":"2025-02-17T13:20:35","slug":"laliga-sigue-empenada-en-bloquear-ips-no-esta-nada-claro-que-pueda-hacerlo-legalmente","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/enfoquenoticioso.com\/?p=50669","title":{"rendered":"LaLiga sigue empe\u00f1ada en bloquear IPs. No est\u00e1 nada claro que pueda hacerlo legalmente"},"content":{"rendered":"
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La guerra entre LaLiga con Cloudflare<\/a> se est\u00e1 recrudeciendo, y este \u00faltimo fin de semana hemos visto como los bloqueos de sitios web (leg\u00edtimos o no)<\/a> no solo se han repetido sino que han ido a m\u00e1s. Hay no obstante dudas sobre la validez de estas medidas, y ah\u00ed es donde es bueno explicar cu\u00e1l es el respaldo legal de las mismas.<\/p>\n

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El contexto y el problema<\/strong>. LaLiga, en contacto con las operadoras, ha implementado medidas que afectan a los servicios que presta Cloudflare a sus usuarios. Los bloqueos (din\u00e1micos, seg\u00fan LaLiga) de IPs est\u00e1n dirigidos a evitar la retransmisi\u00f3n ilegal de partidos de f\u00fatbol, pero est\u00e1n afectando a miles de sitios y servicios web leg\u00edtimos. La raz\u00f3n: en Cloudflare se comparten IPs y cuando se bloquea una, se bloquean todos los sitios asociados a ella.<\/p>\n

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Los antecedentes<\/strong>. La industria de los contenidos protegidos por la propiedad intelectual lleva a\u00f1os buscando mecanismos para proteger su negocio. Entre ellos est\u00e1 la modificaci\u00f3n de la legislaci\u00f3n para por ejemplo tratar de evitar (o reducir al m\u00ednimo) la intervenci\u00f3n judicial. Eso ocurri\u00f3 por ejemplo con la Ley Sinde<\/a>.<\/p>\n

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Art\u00edculo 138 de la Ley de Propiedad Intelectual<\/strong>. Javier A. Maestre (@JavierAMaestre<\/a>), de Maestre Abogados, publicaba el pasado viernes un extenso an\u00e1lisis titulado ‘El affaire Cloudflare<\/a>‘ explicando en detalle la situaci\u00f3n legal en este \u00e1mbito. C\u00f3mo \u00e9l dec\u00eda, los mecanismos de la Ley Sinde \u00abno eran lo suficientemente \u00e1giles\u00bb, y para eso est\u00e1 el art. 138 de la Ley de Propiedad Intelectual<\/a> (LPI), que en esencia permite a los titulares de derechos solicitar medidas cautelares \u00a0urgentes contra intermediarios que faciliten infracciones, sin necesidad \u00a0de demostrar que el intermediario es tambi\u00e9n infractor.<\/p>\n

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LaLiga \u00abdemanda\u00bb a las operadoras<\/strong>. Lo que permiten tanto el art. 138 como el 139 de la LPI es que el titular de los derechos pueda demandar directamente a los prestadores de servicios (las operadoras) en lugar de a los infractores directos. Para Maestre la situaci\u00f3n es la siguiente:<\/p>\n

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\u00abCon este truco, todos se guardan las verg\u00fcenzas unos a otros:<\/p><\/blockquote>\n

Los demandantes: Nosotros solamente pedimos las medidas. Es el juez el que las acuerda.<\/p><\/blockquote>\n

El juez: A mi me viene uno pidiendo una cosa, la parte demandada se allana. Tengo que conceder lo pedido.<\/p><\/blockquote>\n

El operador: Tengo que hacer caso al juez\u00bb.<\/p><\/blockquote>\n

Vulneraci\u00f3n de la libertad de expresi\u00f3n<\/strong>. Este experto a\u00f1ade que esos cierres se producen sin darles a los afectados la oportunidad de defenderse, \u00aben una flagrante vulneraci\u00f3n tanto de la libertad de expresi\u00f3n e \u00a0informaci\u00f3n (art. 20 de la Constituci\u00f3n) como del derecho a la tutela \u00a0judicial efectiva (art. 24 de la Constituci\u00f3n)\u00bb. Este proceso efectivamente evita la participaci\u00f3n de las partes realmente afectadas en el litigio.<\/p>\n

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Pero no deber\u00eda poder aplicarse en este caso<\/strong>. Estas medidas est\u00e1n orientadas al \u00e1mbito cautelar urgente, pero por ejemplo la Audiencia Provincial de Barcelona interpret\u00f3 en 2018<\/a> que estas medidas pueden aplicarse m\u00e1s all\u00e1 de este \u00e1mbito. As\u00ed, dec\u00eda la sentencia, \u00abse establece, por primera vez, la posibilidad de solicitar medidas cautelares contra los intermediarios a cuyos servicios recurre un tercero para infringir derechos de propiedad intelectual, sin la exigencia de que el intermediario sea tambi\u00e9n infractor\u00bb.<\/p>\n

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Y las evidencias, \u00bfqu\u00e9?<\/strong>. En esa sentencia \u00abde dudosa constitucionalidad\u00bb, apunta Maestre, se habla continuamente de \u00abmedidas cautelares urgentes\u00bb. Sin embargo, la Audicencia s\u00ed establec\u00eda al menos \u00abla necesidad de que exista una constataci\u00f3n de la existencia de infracci\u00f3n\u00bb, es decir, una prueba de que se est\u00e1 produciendo esa violaci\u00f3n de la propiedad intelectual. En el caso de Cloudflare, las medidas se basan en un informe t\u00e9cnico que no ha sido contrastado, y las medidas se aplican sin que los afectados puedan defenderse.<\/p>\n

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Demandantes y demandados unidos en connivencia<\/strong>. Maestre apunta que aqu\u00ed demandantes (LaLiga) y demandados (operadoras como Movistar) act\u00faan en connivencia en el proceso judicial para lograr la restricci\u00f3n de servicios sin que los afectados puedan defenderse. Las sentencias de casos previos<\/a> se escudan en que los supuestos infractores no hab\u00edan podido ser \u00abidentificados ni localizados\u00bb, lo que har\u00eda imposible que participaran para su defensa. Maestre deja claro que en este caso \u00abCloudflare se encuentra perfectamente identificada\u00bb.<\/p>\n

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Pero hay da\u00f1os a terceros<\/strong>. Este experto destaca c\u00f3mo no se ha tenido en cuenta el art\u00edculo 21 del la Ley de Enjuiciamiento Civil<\/a> (LEC). Seg\u00fan ese texto, el allanamiento debe rechazarse cuando suponga un perjuicio a terceros no demandados en el procedimiento. Aqu\u00ed ha habido desde luego muchos afectados no demandados \u2014todas las empresas y particulares econ\u00f3micamente perjudicados<\/a>\u2014, pero aun as\u00ed las medidas se han ejecutado de todos modos.<\/p>\n

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Derechos fundamentales violados<\/strong>. Todo ello apunta a una potencial violaci\u00f3n de varios principios legales fundamentales, incluyendo el art\u00edculo 24 de la Constituci\u00f3n<\/a> espa\u00f1ola que garantiza el derecho a ser o\u00eddo y a defenderse en un proceso judicial. Adem\u00e1s la legislaci\u00f3n espa\u00f1ola, a trav\u00e9s de los art\u00edculos 270 de la LOPJ y el 150 de la LEC obligan a notificar las resoluciones judiciales tanto a las partes del proceso como a quienes pudieran verse afectados por ellas. Seg\u00fan Maestre se ha ignorado esta obligaci\u00f3n.<\/p>\n

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Im\u00e1genes | Wirestock<\/a> | LaLiga<\/p>\n

En Xataka | El Gobierno quiere acabar con las llamadas comerciales indeseadas. La pregunta es si dejar\u00e1n de llamarnos \u00abde Indeed\u00bb<\/a><\/p>\n<\/p><\/div>\n

Ver fuente<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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