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Si nos llegan a decir hace 10 años que las casas iban a estar a unos precios tan disparatados que incluso los “guiris” iban a renunciar espantados de sus retiros dorados en Baleares o Canarias, pocos lo hubieran creído. Pero así están las cosas. En 2019 alguien hizo una suma simple: tiendas vacías y pisos caros daba un resultado lógico. Lo que entonces fue un experimento, vivir en locales comerciales, ahora se está convirtiendo en norma desde los ayuntamientos de España.
Una nueva política habitacional. Móstoles ha decidido mirar a los bajos cerrados como reserva urbana de vivienda: un Plan Especial flexibiliza el cambio de uso de locales vacíos para incorporarlos al parque residencial, recorta tiempos de licencia, reduce el ICIO, acota las prohibiciones solo a ejes comerciales estratégicos y persigue una doble finalidad (crear vivienda más asequible y al mismo tiempo evitar la degradación visual y funcional de calles donde el comercio ha muerto).
No se trata de una ocurrencia aislada: el propio Ayuntamiento encuadra la medida en un paquete mayor que sumará miles de nuevas unidades vía desarrollos urbanísticos, aunque el gesto decisivo es que reconoce como legítima y necesaria una vía que, hasta hace poco, muchos gobiernos municipales descartaban por temor normativo, reputacional o político: canjear comercio moribundo por vivienda efectiva y rápida en superficie ya construida.
Vivir en un local. La lógica que hoy Móstoles ha convertido en política estructural había aflorado antes como respuesta táctica en municipios de presión aguda: Petrer (Alicante) reescribió su PGOU para aceptar el cambio de uso en ejes donde el comercio se había extinguido, con 42 locales ya convertidos en vivienda habitual y un control estricto para evitar infraviviendas.
La idea no nace en el centro político sino en el borde donde la escasez es experimentada como urgencia operativa. En esos lugares la discusión “si debe” fue reemplazada por “cómo hacerlo sin fabricar zulos”, y el ayuntamiento actuó en el único plano que controla: el urbanístico.
Canarias confirmaba la deriva. En Arrecife, la oficina técnica ha autorizado este año 39 reconversiones aprovechando el Decreto Ley 1/2024, que acelera cambios de uso si se acreditan habitabilidad y ventilación. El argumento reproduce el mismo razonamiento: extraer oferta de donde el comercio no volverá, reducir presión de alquiler y, simultáneamente, reanimar tramas urbanas deprimidas.
No se trata de vivienda “experimental” sino de vivienda legalmente consolidada al amparo de norma acelerada: un anticipo de cómo el Estado y las CCAA parecen estar dispuestas a recortar trámites si el beneficio habitacional es inmediato.
Zaragoza aporta masa crítica. La capital aragonesa demostraba poco después que el fenómeno no era marginal: 177 viviendas autorizadas desde 2021, 36 licencias solo en 2025, expansión a barrios donde antes estaba prohibido tras flexibilizar el PGOU y condiciones técnicas mínimas ajustadas a ruido, superficie y ventilación.
Aquí, la cifra relevante no es el volumen absoluto, sino el salto conceptual: el cambio de uso se reconoce como instrumento estable de política residencial, desplegado sobre el stock vacío y correlacionado con la caída del comercio físico. Plus: el Ayuntamiento no lo presenta como excepción, sino como herramienta ordinaria de tratamiento del patrimonio construido en la ciudad consolidada.
Algo más que política. En el fondo, el éxito de todas estas reconversiones no depende de discursos políticos sino de cumplir reglas claras: que el PGOU lo permita, que el local tenga tamaño y altura suficientes, ventilación natural, un proyecto visado y las licencias de obra y primera ocupación, además de su registro.
Al estandarizar y acelerar estos pasos, lo que antes era algo excepcional pasa a ser un trámite repetible. La diferencia entre ayuntamientos no es de ideología, sino más bien de fricción: cuánto tardan, qué exigen y en qué calles permiten o prohíben el cambio de uso.
El punto de inflexión. Si se quiere, el escenario de 2025 ha seguido una línea más o menos lógica: lo que en Petrer se probó, en Arrecife se aceleró y en Zaragoza se sistematizó, hasta que finalmente Móstoles lo convirtió en palanca estratégica con incentivos fiscales, prioridad administrativa y vocación de escala dentro de una agenda más amplia de producción de vivienda.
Que un gran municipio metropolitano adopte esta lógica significa que la reconversión deja de ser una suerte de reparación periférica y pasa a ser política central de oferta en suelo ya edificado. Al reabrir el debate sobre qué hacer con el comercio agotado en España, Móstoles empuja a los demás ayuntamientos a elegir: o aceptar la inercia de esos cientos de locales muertos como cicatriz urbana, o convertirlos en vivienda para aliviar el cuello de botella habitacional.
De ahí que la pregunta se haya desplazado: ya no es si se debe o no hacer, es directamente cómo hacerlo, y ese es probablemente el verdadero cambio estructural que ahora parece extenderse en España.