La propuesta, liderada por el senador demócrata Adam Schiff fue derrotada por un estrecho margen de 51 votos en contra frente a 48 a favor. El texto subraya que la Constitución estadounidense otorga al Congreso la autoridad exclusiva para declarar guerras. Los impulsores de la resolución consideran que esta interpretación amplía de forma peligrosa las competencias del Ejecutivo
El Senado de Estados Unidos rechazó este miércoles una resolución que buscaba frenar la operación militar impulsada por el presidente Donald Trump en el mar Caribe, en el marco de su campaña contra el narcotráfico. Más allá del revés legislativo, el intento de limitar estas acciones reavivó un debate clave en la política estadounidense: ¿quién tiene la potestad de llevar al país a un conflicto armado?
La propuesta, liderada por el senador demócrata Adam Schiff y respaldada por otras figuras del partido como Tim Kaine, Ron Wyden y el independiente Bernie Sanders, fue derrotada por un estrecho margen de 51 votos en contra frente a 48 a favor.
El texto subraya que la Constitución estadounidense otorga al Congreso la autoridad exclusiva para declarar guerras. Y recuerda que ni esta facultad ni una autorización formal para el uso de la fuerza han sido concedidas en el caso de las acciones militares en el Caribe, donde se han destruido al menos cinco embarcaciones y han muerto 21 personas acusadas de narcotráfico desde el 2 de septiembre.
Trump, por su parte, ha argumentado que las operaciones forman parte de un “conflicto armado no internacional” contra los carteles de la droga, especialmente los que operan desde Venezuela. Según la Casa Blanca, esta calificación le permite actuar en defensa de la seguridad nacional.
Sin embargo, los impulsores de la resolución consideran que esta interpretación amplía de forma peligrosa las competencias del Ejecutivo. “Designar a un grupo como terrorista no concede al presidente autoridad legal automática para usar la fuerza”, señala el documento. Además, advierte que el tráfico de drogas, aunque grave, no constituye un ataque armado ni una amenaza inminente en los términos que justificarían una acción militar sin aval legislativo.
Desde la administración, las críticas no tardaron en llegar. El secretario de Estado, Marco Rubio, calificó la resolución como “peligrosa”, al considerar que limita la capacidad del presidente para proteger a los ciudadanos de amenazas como los narcoterroristas o grupos vinculados a Irán. “Despojar al comandante en jefe de sus facultades en este contexto debilita nuestra seguridad”, escribió en la red X.
El despliegue militar, que incluye al menos ocho buques de guerra, un submarino de ataque rápido y más de 4.500 soldados, ha generado preocupación entre sectores del Congreso que temen una escalada no autorizada por los canales constitucionales. Aun así, la resolución matiza que no busca impedir que EE.UU. se defienda de un ataque armado real, sino que exige una mayor rendición de cuentas en el uso de la fuerza en el exterior.
El debate, lejos de cerrarse, vuelve a poner sobre la mesa una vieja tensión del sistema estadounidense: el equilibrio de poderes en tiempos de guerra.