La inocente pregunta de un programador sobre la disponibilidad de puestos en remoto de una plataforma de desarrollo en España, ha desatado un interesante debate a nivel internacional en X sobre una realidad del mercado laboral español que muchos desconocían: aquellas empresas que contratan en España, aunque sean en remoto, deben tributar en España. El problema es que no todas pueden asumir ese coste adicional.
Un mercado laboral complicado
Un desarrollador de software español preguntó en X al CEO de Vercel, una plataforma de origen argentino de infraestructuras en la nube sobre la disponibilidad de vacantes en España ya que, al efectuar la búsqueda, solo aparecían en Alemania y Reino Unido, cuando en el pasado sí habían contratado en España.
La respuesta del directivo fue sencilla, pero escondía una realidad a la que se enfrentan muchas empresas que quieren contratar a ingenieros y programadores en España: «Lamentablemente, tuvimos que salir de España; era increíblemente difícil contratar personal y expandir nuestra empresa allí. ¡Lo intentamos!».
El analista experto de tendencias de empleo tecnológico, Gergely Orosz, testigo de la conversación, señaló algunas de las dificultades que encuentran las empresas que quieren contratar en otros países, aunque sea un acuerdo de trabajo en remoto:»[…] explica por qué los puestos ‘remotos’ a menudo son ‘remotos en el país X’. Cuando una empresa emplea a alguien que trabaja de forma remota en el país Y, debe seguir las regulaciones del país y seguir esas regulaciones puede ser costoso y llevar mucho tiempo. Presentar procedimientos rígidos, procesos obligatorios con mucho papeleo, etc. La mayoría de las empresas estadounidenses se sienten desconcertadas por estos requisitos en los países europeos», escribía el analista.
Contratas en España, tributas en España
La legislación española e internacional, descrita en el artículo 15 del Convenio Tributario sobre la Renta y sobre el Patrimonio, no hace distinciones entre contratación en remoto o presencial.
Por lo tanto, una empresa extranjera que quiera contratar a alguien con residencia fiscal en España y que vaya a trabajar en remoto desde el país, debe cumplir exactamente las mismas obligaciones y requisitos fiscales que si la contrata para acudir a diario a un lugar de trabajo físico.
El problema, para contratar a alguien en España es que la empresa necesita estar registrada en la Seguridad Social para pagar las cotizaciones, y tener un Número de Identificación Fiscal. Es decir, es necesario ser persona física o jurídica en España.
Eso implica que la empresa debería tener un representante fiscal en el país o lo que se denomina Establecimiento permanente. Dicho de otro modo, la empresa extranjera debe contar con una sede afincada en España para canalizar a través de ella las contrataciones en territorio español y cumplir con las obligaciones fiscales y laborales.
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Tal y como señala el emprendedor y desarrollador David Bonilla en un hilo de respuesta al mensaje del fundador de Vercel, hay varias opciones para contratar en España, pero ninguna es sencilla para las empresas o para los trabajadores, sobre todo si no tienen la capacidad para abrir una sede (o filial, sucursal, establecimiento permanente o cualquier otra figura jurídica de representación) en España.
El riesgo de pasar de trabajador a «sede»
Descartada la opción de la sede, las alternativas derivan en que el empleado se convierta en una empresa de servicios haciéndose autónomo o constituyendo una sociedad limitada y facturando sus servicios a la empresa extranjera como una actividad mercantil, no laboral.
Sin embargo, eso supondría caminar sobre el filo de una navaja por dos motivos: el primero es que si no hay una definición muy clara de los términos y condiciones mercantiles, la relación puede ser interpretada como indicios de laboralidad, lo que nos lleva a la figura del falso autónomo.
Por otro lado, la Agencia Tributaria podría considerar que esos autónomos o sociedades actúan como filial de la empresa a la que facturan, por lo que deberán responder no ya por su actividad, sino también por la de la empresa «matriz».
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Por otro lado, también es posible hacerlo mediante plataformas intermediarias de contratación como Deel o Remote. Estas empresas actúan como puente entre el trabajador y las empresas, evitando que el contratante tenga que asumir todas las gestiones tributarias.
Por lo tanto, de algún modo, pese a trabajar para la empresa que contrata el servicio, desde el punto de vista administrativo realmente se estará trabajando para el intermediario que presta el servicio. El uso de estos intermediarios (Employer of Record o EOR) incrementa entre un 10% y un 20% la factura de los costes laborales, lo cual deja a los empleados españoles en una posición menos competitiva con respecto a otros países.
En líneas generales, las dificultades que señalaba el CEO de Vercel para su despliegue en España es que, para contratar a una sola persona en España y en remoto, necesitan cumplir con los mismos requisitos que para contratar a 1.000 empleados.
Si la prioridad de la compañía no es estar presente en el mercado español, el esfuerzo de implantación para contratar a una o varias personas no merece la pena. Eso implica que se condicione contratar en España, aunque sea para trabajar en remoto desde España, a que esa empresa ya tenga infraestructura en el país.
Esta política fiscal y laboral es mucho más laxa en países como EEUU, Reino Unido o India, por eso es mucho más habitual que las grandes empresas tecnológicas contraten a programadores y empleados remotos en esos mercados.
Imagen | Unsplash (Magnus Andersson, Thammy Kolb)
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La noticia
Las empresas tecnológicas soñaron con contratar a programadores españoles en remoto: luego descubrieron la letra pequeña
fue publicada originalmente en
Xataka
por
Rubén Andrés
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