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No es el único ayuntamiento de España que se ha visto sacudido por el ‘basurazo’, pero la polémica en torno a la nueva tasa de recogida de residuos ha alcanzado en Madrid una repercusión especial. Por su alcance. Y por la fórmula escogida por el Consistorio para calcular los recibos, un sistema que la OCU ha llegado a tachar de «original e injusto». Ahora el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida ha decidido replantear el cálculo del gravamen para tener en cuenta un factor fundamental: el número de personas empadronadas en cada inmueble de uso residencial.
La pregunta es… ¿Zanjará el debate?
¿Qué ha pasado? Que el Ayuntamiento de Madrid ha decidido cambiar su sistema de calculo para la nueva tasa de basuras, un gravamen que se ha visto obligado a adoptar (al igual que el resto de ciudades de España con más de 5.000 vecinos) para cumplir una ley de 2022. Como telón de fondo están las pautas marcas desde Bruselas para mejorar la gestión de los residuos en la UE.
Tras las críticas vecinales y de organizaciones como la OCU, el Gobierno encabezado por José Luis Martínez-Almeida ha decidido rectificar su criterio inicial y dar más peso a un factor clave en la ecuación: el número de personas que reside en cada vivienda. De esa forma, aseguran desde Cibeles, la subida media de la tasa de basuras para el próximo año será mínima: de 141 pasará a 142,6 €.
¿Por qué tanto lío con la tasa? Para entenderlo hay que remontarse como mínimo a abril. Fue entonces cuando finalizó el plazo que la Ley 7/2022 daba a los ayuntamientos españoles de más de 5.000 vecinos para ajustarse a sus pautas, que básicamente obligan a la mayoría de consistorios a dotarse de «una tasa específica, diferenciada y no deficitaria» para la recogida de residuos, una basada además en el «pago por generación» (‘quien contamina, paga’) y que «refleje el coste real».
Algunos ayuntamientos, como Barcelona, llevaban años preparando el terreno para suavizar el mazazo de la tasa. En otras partes de España van muy rezagados, caso de Málaga o las Islas Baleares. En Madrid los recibos empezaron a llegar en septiembre, no sin revuelo, algo que se explica por tres grandes razones.
La primera, la repercusión que tiene la capital. La segunda, porque en 2015 la entonces alcaldesa (Ana Botella) había decidido «eliminar» el gravamen en aras de una «menor presión fiscal para el ciudadano». El tercer factor (y más importante) fue el sistema de cálculo escogido por el Ayuntamiento madrileño para calcular la nueva tasa, una fórmula que la OCU llegó a tachar de «original… e injusta».
Y eso, ¿por qué? Por los elementos que el Ayuntamiento tuvo en cuenta a la hora de calibrar la tasa que cobra a cada vecino. Entre ellos (en el caso de los inmuebles residenciales) incluyó el valor catastral, la tarifa de generación de cada barrio y el coeficiente de separación de desechos. La fórmula no gustó a la oposición, a parte de los vecinos (que fueron más allá de Madrid y cargaron contra la ley) y la OCU, que tras conocer los criterios de cálculo lanzó un comunicado muy crítico.
¿Qué critican?. «El problema es que los criterios elegidos en Madrid no son realmente justos. Se producen grandes diferencias de precio según los barrios y se da el caso de que vecinos puedan tener que pagar por unas basuras que en realidad no están generando», advertía la organización de consumidores. En su opinión «ya es bastante novedoso» que parte de la tasa se estime en base al valor catastral de la vivienda, pero es que el resto de criterios también están lejos de ser perfectos.
Por ejemplo, la OCU señalaba que si se tienen en cuenta las toneladas de basura recogidas en cada barrio, sin más, el cálculo acaba distorsionándose. ¿El motivo? «La incorporación de residuos cuyo origen no es estrictamente residencial, como pisos turísticos, comercios o negocios cuya recogida se hace de forma conjunta con la ordinaria», advierte. «El resultado es una fuerte penalización para vecinos que viven en barrios más céntricos, con mayor actividad turística o comercial».
¿Y qué ha pasado? Que tras semanas de quejas y críticas, el Ayuntamiento de Madrid ha ‘rectificado’ teniendo en cuenta parte de las propuestas esgrimidas por la oposición. El jueves el Consistorio reveló que el próximo año se aprobará «una nueva ordenanza» de la Tasa de Gestión de Residuos (TGR) «fruto de la necesidad de incluir nuevos parámetros, que aportarán mayor equidad y seguridad jurídica en su cálculo». ¿Cuáles? En concreto destaca uno: el número de empadronadas en cada vivienda, «un aspecto que ha resultado de una gran complejidad técnica».
«Gracias a ello se establecerán tarifas distribuidas en diez tramos (desde una persona empadronada a diez o más) en función del número de empadronados en el inmueble a 1 de enero de 2026», zanja el equipo de Martínez-Almeida. Esa variable se completa con otras. «Para el cálculo de la tarifa básica, se ha tenido en cuenta el dato del valor catastral individual de cada vivienda o local, mientras que para la de generación, se ha tomado en consideración la cantidad de residuos generados y el porcentaje de calidad de la separación de cada uno de los 131 barrios».
¿Ha anunciado algo más? Sí. El Ayuntamiento ha aclarado que, según sus cálculos, el recibió medio de la tasa de recogida para 2026 será de 142,6 euros, «prácticamente la misma cuantía» que este año. El anuncio ha llegado precedido además de otras novedades en materia de tributación municipal, como una bajada del tipo del IBI que beneficiará a más de 2,2 millones de inmuebles. El Consistorio asegura que en total la bajada de impuestos y tasas prevista para el próximo año permitirá a los madrileños pagar 33,5 millones de euros menos que en 2025.
¿Asunto zanjado? Para nada. El conocido como ‘basurazo’ ha generado un considerable revuelo político que se extiende mucho más allá de la capital y pivota en torno a un debate clave: ¿La ley de 2022 que ha llevado a las ciudades a revisar sus tasas de basuras es fruto de las directrices comunitarias que aspiran a alcanzar un 55% de reutilización y reciclaje de residuos ya a corto plazo o es una imposición del Gobierno? ¿Qué debe tenerse en cuenta y qué no a la hora de calcular la tasa?
En Madrid la oposición ha planteado valorar aspectos como la renta de los habitantes, la calidad del reciclado o la presión de los alquileres turísticos en cada zona. La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) ya informa en su web de cómo recurrir tras advertir que el gravamen aprobado por el Consistorio es «injusto, desproporcionado y poco transparente». El primer paso para la reclamación, eso sí, es abonar el impuesto para luego recurrir.
Imágenes | Ayuntamiento de Madrid 1, 2 y 3
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